Era prueba que pedía la justicia, pero que no tendrá porque los legisladores votaron archivar los informes. El único diputado que que votó en contra fue Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.
La Cámara de Diputados bonaerense dispuso el archivo de las actuaciones internas vinculadas al caso del puntero político “Chocolate” Rigau y por lo tanto no responderá a la fiscal que investiga la causa quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados cuyas tarjetas utilizaba el puntero peronista para cobrar sus haberes.
La decisión de archivar esa documentación fue aprobada en el mes de mayo en un trámite exprés en la Cámara baja.
La fiscal de la causa, Betina Lacki, requirió hace más de un año y medio esa documentación. Ante las reiteradas evasivas, el juez de garantías Federico Atencio emitió una orden de presentación para exigir la entrega de los papeles.
Sin embargo, la respuesta formal de la Cámara, firmada por el secretario Legislativo, fue contundente: no proporcionarán los documentos porque fueron incluidos dentro de un proyecto de resolución general que, posteriormente, fue archivado.
Según se pudo conocer en el informe, la aprobación de esta resolución ocurrió durante la primera sesión ordinaria del año, celebrada el 28 de mayo.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto que, bajo el argumento de “ratificar lo actuado por la mesa ejecutiva”, se incluyeron casi 8.000 resoluciones administrativas, entre las cuales se encontraban los expedientes del caso Rigau.
La votación se resolvió en menos de un minuto sin debate ni objeciones y su tratamiento sobre tablas se aprobó rápidamente.
En aquella jornada, en el recinto se encontraban representantes de todas las fuerzas políticas (Unión por la Patria, La Libertad Avanza -con la presencia de Francisco Adorni-, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica). El único diputado que se desmarcó de la maniobra fue Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.
De esta forma, la Justicia afrontará un obstáculo para avanzar en la identificación de los verdaderos responsables de la malversación millonaria a las arcas provinciales. Es decir, quiénes fueron los legisladores que solicitaron los nombramientos.
La investigación judicial se originó a mediados de 2023 tras un episodio ocurrido en una sucursal de 7 y 54 del Banco Provincia.
Por aquel entonces, un cliente que se encontraba en el sector de los cajeros automáticos en plena madrugada advirtió la presencia de un hombre que realizaba múltiples extracciones de dinero utilizando decenas de tarjetas de débito diferentes.
Fuente: Agencia DIB
